Los productores se sienten sitiados por ataques de origen político que, contrariamente a las predicas de quienes los lanzan, siguen propiciando la situación de pobreza y marginalidad en las zonas donde se buscan efectuar las inversiones ahora cuestionadas.

Arroceros, ganaderos, forestadores, citricultores, yerbateros, industriales y de otros rubros, reclamaron reglas claras para las inversiones de desarrollo, locales y foráneas, definiendo políticas en base a leyes perdurables, que faciliten la sustentabilidad de la producción, la generación de empleo y el cuidado del ambiente.

La CEP está integrada por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y sus 16 asociadas; la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Asociación Forestal Argentina regional NEA; La Asociación de Plantadores del NEA( yerba y té); las Asociaciones de Citricultores y otros sectores de la economía provincial.

Expusieron los presidentes de las entidades: Miguel Marticorena (ASRC), José Alberto Meabe (SRC), Christian Jetter (ACPA) y los representantes de AFOA, Rodolfo Goth; de Plantadores, Claudio Anselmo, entre otros.

Si bien la convocatoria se originó en torno a los ataques al proyecto Ayuí y a la posible instalación de papeleras, los demás sectores se unieron en el reclamo al sentir amenazada también la sustentabilidad de sus actividades, ante el aluvión de ataques de ambientalistas, legisladores y funcionarios nacionales y provinciales que anuncian una catarata de amparos judiciales para impedir la ejecución de los proyectos, cualquiera sea su rubro.

En el caso de Ayuí, los arroceros no encuentran otra explicación que la puja política en el ámbito nacional con el grupo Clarín, cuyo vicepresidente es propietario de tierras arrozables en el Departamento de Mercedes e integrante de COPRA S.A., una de las firmas dispuestas a invertir 60 millones de dólares en construir una represa de riego, sea para arroz u otros emprendimientos.

El estudio de impacto ambiental, de unas 3000 fojas, incluye numerosas obras y actividades complementarias para minimizar las eventuales consecuencias del represamiento de un arroyo, que en épocas de sequía queda sin cauce por lo que el agua permitiría la continuidad de actividades rurales en ese período.

Los reclamos ambientalistas apuntan al represamiento y a la contaminación que, aseguran, produce el cultivo de arroz, pese a que no existen estudios científicos que avalen esa afirmación; en cambio, los hay en base a extracción de muestras y análisis de residuos en agua en el Miriñay y río Corriente durante los últimos 5 años. Los resultados fueron presentados durante la Jornada de Arroz realizada el mes pasado e indican presencia de químicos en cantidades inferiores a las toleradas, de productos no utilizados en cultivos de arroz y hallados en zonas previas a las arroceras, respecto del curso de agua.

Las presentaciones judiciales anunciadas por sectores ambientalistas, cuestionan por otra parte la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos sancionada en la legislatura provincial hace poco, acusando que el mapeo se hizo a medida de los productores. La ley nacional de Presupuestos Mínimos prohíbe cualquier tipo de proyecto productivo en provincias que no cuenten con el ordenamiento de sus bosques, por lo que si la justicia hace lugar a las presentaciones, la provincia queda virtualmente paralizada. Por otra parte, el OTBN se confeccionó con aportes del INTA, de la UNNE y otras instituciones científicas. Se mencionó además la posibilidad de ir modificando su contenido conforme las circunstancias lo ameriten, según consta en la misma ley. Parece que lo que buscan (los opositores a los proyectos) es el retraso y la pobreza de nuestra provincia, señalaron.

Existen ya dos grandes represas en la provincia, desde hace unos 20 y 15 años, respectivamente: Guaviraví y El Oscuro, para riego de 6000 y 2000 hectáreas respectivamente, que demostraron en todo este tiempo no provocar impacto ambiental alguno.

La actividad forestal, comparativamente más joven en la provincia, “bien manejada tanto en el cultivo como en el ambiente, no se concibe sin celulosa y tableros”, subrayaron, por lo que se oponen sin fundamentos; se ataca al proyecto por razones políticas y por quedar bien, sin una base científica”.

Mientras tanto, del otro lado del río Uruguay, el estado de Río Grande do Sul cultiva un millón doscientas mil hectáreas de arroz. Entre Ríos ocupa en el cereal una superficie similar a la correntina, además de soja, trigo y otros. En Corrientes, el arroz se convirtió de golpe en el blanco de todas las críticas. “Pasa que un campo vale de acuerdo a su productividad. Si no produce, el precio de la tierra se viene abajo y quizás eso es lo que buscan”, aventuró un asistente.

En Misiones la cadena forestal genera cien mil puestos de trabajo. Se apeló a la inteligencia para agregar valor a la materia prima: mientras que Corrientes ya comienza a sentir la falta de industrias para completar la cadena foresto industrial, Misiones ya encaró la fabricación de muebles. Nuestro país es deficitario de papel, al importar más de lo que se exporta. Hay mercados asegurados y estrictas leyes vigentes. Casi la totalidad de los bosques implantados cuentan con certificación y la inversión efectuada durante estos 40 años alcanza miles de millones de pesos.

Los productores criticaron la falta de información y formación de la clase política que se opone a las inversiones y que tampoco ofrece alternativas o aporta ideas para superar los índices sociales y económicos de pobreza que ostenta la provincia. Al no tener petróleo, minería, siderurgia y otras actividades extractivas, que además son subvencionadas o beneficiadas con políticas de promoción, lo único que le queda a Corrientes es aprovechar sus privilegiados recursos naturales y humanos, la vocación de producir y los capitales disponibles para transformar las materias primas producidas en el territorio.

Para los productores, estas campañas mediáticas solo tienen el objetivo de mantener las condiciones de pobreza en la provincia, porque al desarrollarse deja de depender del poder central “y a mucha gente le molesta nuestro potencial”, se dijo.

También se quejaron porque en vez de pensar cómo producir más, tienen que ocuparse de la defensa de quienes decidieron vivir y trabajar en Corrientes: “Defendemos a los productores que vivimos acá y queremos decidir lo que hacemos en nuestro territorio, para lograr la independencia económica y fortalecer el federalismo”.

Por otra parte, consideran que el éxodo rural, especialmente de los jóvenes, está relacionado a la falta de oportunidades en sus lugares de origen, lo que podría revertirse con actividades económicas generadoras de empleo e impulsoras de la calidad laboral a través de la educación especializada. Como paradoja, se señaló que la localidad de Gobernador Virasoro, una de las regiones más desarrolladas desde la década de los 70´ no presenta índices de éxodo sino que atrae población porque ofrece empleo y mejores niveles socioeconómicos. En la zona se produce yerba, te, ganadería y los últimos años incorporó bosques implantados. Con inversión local se fueron generando molinos, plantas de te, manufacturas de madera y otras industrias, transformándose en un clúster. La forestación sufrió serios ataques de ambientalistas, que quedaron descalificados al no poder demostrar con el paso del tiempo los supuestos daños que produciría la introducción de bosques. Por el contrario, las empresas del lugar hoy certifican sus plantaciones bajo sistemas internacionales que exigen buenas prácticas económicas, ambientales y humanas. Eso demuestra que es posible un desarrollo compatible con el ambiente, se subrayó.

Se confesaron sorprendidos que un senador nacional por Corrientes (Artaza) se declaró en contra de la instalación de papeleras, cuando en campaña electoral, en declaraciones formuladas ante numeroso público en el salón de actos del Hogar Escuela, se manifestó firme partidario de la radicación de esas industrias.

“Hoy quisimos exponer ante la prensa, para que transmita a la sociedad, nuestra preocupación por el extraño avance sobre la soberanía provincial, de intereses que disfrazados bajo la forma de ambientalismo, lo único que buscan es que Corrientes siga en el atraso, con su población pobre y así mantener un caudal de votos a través del asistencialismo que no combate la pobreza estructural, sino que la incrementa y nosotros, el motor de la economía, tenemos la responsabilidad de cambiar esto, porque vivimos en estas comunidades y conocemos de cerca el potencial de su gente”, sentenciaron.