y se solicita mayor celeridad en el otorgamiento de beneficios constitucionales para condenados, porque de lo contrario, “no alcanzarán las cárceles nunca: ni las viejas que ya están en crisis absolutas, ni las nuevas que el Poder Ejecutivo anunció construir”, según se denuncia en el expediente presentado.


El pedido de informe está dirigido al ministro de Gobierno, Gustavo Váldez y, por su intermedio, a la Subsecretaría de Gobierno, a la subsecretaría de Seguridad, a la Jefatura de Policía, a la Intervención del Servicio Penitenciario y a las autoridades de la Provincia que correspondiera

En el mismo se detalla las gestiones realizadas por la diputada provincial, Sonia López en las que especifica las condiciones “inhumanas” en las viven los internos del Penal Nº 1, las heridas que mostraron los mismos, y que reflejan la “brutalidad” de la represión desatada los días 14 y 15 de enero.

A la vez, se hace mención que, durante un principio de protesta en el Penal Nº 6 que fuera “ferozmente reprimido”, el interno Ábel Sánchez sufrió hundimiento de cráneo y se encuentra en “gravísimo” estado de salud internado en la Sala de Terapia Intensiva del Hospital Escuela.

Por otro lado, se solicita que se investigue la supuesta “conflictividad interna” aludida por el subsecretario de Gobierno, Luís Bravo como causante del conflicto que derivó en la represión en el Penal Nº 1 a mediados del mes pasado.

El pedido de informe critica, además, el uso limitado de beneficios que confiere la ley para condenados que cumplen con las condiciones básicas, como ser la libertad condicional o las salidas transitorias, entre otras. Adjudicando a esta deficiencia el hacinamiento y la superpoblación que existe en los penales, “principal causa” de la crisis carcelaria que se denuncia.

Para los diputados, “hay que concentrarse” en ese problema, porque si no, “el Estado será un recolector de encierros humanos con un sistema de ejecución taponado, y no alcanzarán las cárceles nunca: ni las viejas que ya están, en crisis absolutas, ni las nuevas que el Poder Ejecutivo anunció construir”.

El escrito lleva las firmas de los diputados del Frente para la Victoria: Sonia López del Partido Comunista, y los justicialistas Irma Pacayut, Tamandaré Ramírez Forte, Luís Badaracco, Carlos Rubín, Víctor Hugo Vallejos, Alicia Locatelli y Carlos Farizano.

Se solicita, en primer lugar, “se informe sobre el sector del Servicio Penitenciario quienes, presuntamente, según declaraciones de Bravo en medios de comunicación, instigaron a los internos a impulsar la protesta del 14 de enero que derivó en la represión”.

Se pide también justificaciones por las cuales no se permite el ingreso al Penal del abogado patrocinante de los internos, Hermindo González, ni de organismos de Derechos Humanos; se solicita saber qué autoridad ordenó reprimir y bajo qué términos legales el personal de grupos especiales como PAR y ETOP usan armas de fuego y armas blancas.

El pedido de informe se extiende al presupuesto que maneja la provincia para sostener el Servicio Penitenciario, como así también las condiciones de los servicios de salud y contención psicológica existentes en los penales.

El expediente

Según el escrito, motivaron el pedido la denuncia realizada por familiares de los internos, donde se detallan episodios de “brutalidad extrema” en el uso de la fuerza e intentos de homicidio contra los internos en protesta.

En el expediente se califica de “abrumadora desproporción” entre la represión ejercida contra el movimiento existente de los presos, y se hace mención a la “irregularidad” en la negativa de las autoridades de permitir el ingreso al Penal Nº 1 del abogado patrocinante de los internos, Hermindo González para asesorar debidamente a sus clientes.

Durante su recorrida por el Penal Nº 1 y sus entrevistas con los internos y personal del Servicio Penitenciario, Sonia López observó que “no existen rastros del fuego generalizado que aducen los funcionarios para justificar la represión”. “El fuego generalizado como justificante no es verdad y cualquier perito lo puede verificar”, sentencia la diputada en su relato de los hechos.

López continúa denunciando “las malas condiciones de detención, con problemas edilicios, cloacas desbordantes y tapadas, pocos sanitarios y en estado deplorable, pabellones sin energía eléctrica y sin agua en algunos casos y días también”.

“Durante la recorrida pudo constatarse más de 100 heridos con diversos problemas de salud y sin atención médica adecuada”, puntualizó la legisladora comunista, para subrayar que “en el penal hay una enfermería con médicos que solo recetan calmantes”.

Para la autora de este pedido de informe, los penales de la provincia de Corrientes “se encuentran atravesados por una conflictividad que hay que investigar y estudiar más”.

“A las condiciones carcelarias inhumanas y demoras judiciales injustificables que presionan sobre la tranquilidad de la población carcelaria se suman disputas institucionales que se resuelven con los internos como carne de cañón”, explica el pedido de informe.

Desde el escrito presentado, los diputados del FpV sugieren tener presente las declaraciones del subsecretario de Gobierno, Luís Bravo, que, “con lenguaje conspirativo”, indicó que “hay un sector del servicio penitenciario que hackea a la intervención del Servicio Penitenciario y que ellos iniciaron todo en una reunión del pasado cinco de enero”.

En el informe se cuestiona, además, el hacinamiento que motiva la superpoblación carcelaria que sufren los penales de Corrientes.

“El uso limitado de institutos o modalidades alternativos al cumplimiento de penas de encierro (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, etc.) previstas en la Ley, agrava la superpoblación carcelaria, siendo éste el principal reclamo de los internos y, por el cual, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín se comprometió a resolver por escrito”, sostiene el informe.

En el mismo sentido, los diputados indican que existe un solo Juzgado de Ejecución Penal, por lo que “casi no se conceden Libertad Condicional o puede tardarse meses o años la autorización de la misma; transformando a este Juzgado en un cuello de botella difícil de sortear”.

Para los legisladores, el ejercicio autoritario del poder punitivo y la violación de las garantías procesales fundamentales fijadas por la Constitución Nacional “no representan herramientas válidas ni eficaces para solucionar los conflictos sociales, sino, por el contrario, genera mayor conflictividad que la que intenta prevenir”.

“Aún sin desconocer la necesidad de modernizar las prisiones existentes, en pos de garantizar condiciones dignas de encierro, debe rechazarse la construcción de nuevas cárceles como única respuesta al hacinamiento y la superpoblación”, dicen desde el bloque del FpV.

“Hay que proceder, antes que nada, a mejorar las condiciones edilicias y sanitarias de los Penales de Corrientes, y acelerar el trabajo administrativo y judicial que involucra a los beneficios que confiere la ley a los condenados que reúnen las condiciones básicas”, finaliza el escrito.