Abigeato en Corrientes: Un delito organizado que desangra al campo y expone las fallas del sistema judicial
El robo de ganado se ha convertido en uno de los principales flagelos que golpea a los productores rurales correntinos. A la magnitud del delito se suma la falta de respuestas eficaces del sistema judicial, lo que genera desánimo, subregistro de denuncias y un escenario de impunidad que favorece la expansión de redes delictivas cada vez más organizadas.
Un problema extendido y en crecimiento
El abigeato dejó de ser un hecho aislado para transformarse en un fenómeno estructural en gran parte del territorio correntino. Productores de distintas escalas coinciden en que, directa o indirectamente, casi todos han sido víctimas del robo de ganado.
En los últimos meses, las investigaciones permitieron detectar más de 250 vacunos con irregularidades en marcas y señales en zonas rurales de La Cruz, Alvear, Santo Tomé y Paso de los Libres, aunque estimaciones extraoficiales elevan la cifra de animales robados o desaparecidos a más de mil cabezas.
La Sociedad Rural de La Cruz cumple un rol clave en la identificación y coordinación para la restitución de la hacienda a sus legítimos propietarios.
Paralelamente, se ha constatado la venta de carne robada a través de circuitos informales, como grupos de WhatsApp, redes sociales y carnicerías clandestinas sin habilitación, lo que agrava el problema al sumar riesgos sanitarios y una competencia desleal para los comercios legales.
Desconfianza, subregistro y un sistema judicial cuestionado
Uno de los aspectos más preocupantes es la caída en las denuncias. Muchos productores han optado por no denunciar los hechos debido a la falta de respuestas concretas, la lentitud de las investigaciones y la sensación de que los casos no avanzan. Esta situación genera estadísticas irreales, que a su vez debilitan cualquier reclamo formal ante las autoridades.
La modificación del Código Procesal Penal de Corrientes, que establece que los fiscales dirigen las investigaciones, es otro punto de fuerte debate. En la práctica, esta normativa deja a la policía sin margen de acción inmediata, ya que no puede realizar allanamientos ni procedimientos clave sin órdenes judiciales, lo que muchas veces permite que los delincuentes ganen tiempo y evadan pruebas.
A esto se suma la falta de fiscalías rurales especializadas, pese a que existe una ley vigente desde hace más de 20 años que las contempla. Un caso emblemático es Paso de los Libres, una zona altamente productiva que hasta ahora carece de una Fiscalía Rural operativa.
Fiscales con criterios dispares
Desde el sector rural se señala una marcada diferencia en el accionar de los fiscales.
El Fiscal Sotelo ha sido duramente cuestionado por minimizar el abigeato, al considerarlo en algunos casos como “hurto famélico” o por sostener que no genera un impacto significativo en grandes productores. Estas posturas generan indignación en el campo, que sostiene que el delito afecta a toda la cadena productiva, sin distinción.
En contraposición, la Fiscal Daniela Di Tomaso es destacada por su compromiso, presencia territorial y respuestas concretas ante hechos de abigeato, siendo considerada un ejemplo de cómo debería abordarse este delito complejo.
Acciones en marcha y reclamos del sector rural
Frente a este escenario, las asociaciones rurales insisten en varias líneas de acción:
Denunciar todos los hechos, aun cuando exista desconfianza, para construir estadísticas reales que permitan exigir políticas públicas eficaces.
Creación y fortalecimiento de fiscalías rurales, adaptadas a la complejidad del delito. En este sentido, se abrió el concurso para una Fiscalía Rural en Paso de los Libres, una demanda histórica.
Endurecimiento de penas, reclamando que el abigeato sea tratado como delito agravado, asociación ilícita y crimen organizado, dada la logística, el conocimiento técnico y la estructura que lo sostienen.
Diálogo institucional, que en las últimas semanas encontró eco en el Gobernador de Corrientes, quien abrió canales de conversación con productores de las zonas más afectadas, generando expectativas de medidas concretas.
El rol clave del PRIAR
En medio de las críticas al sistema judicial, se reconoce el excelente trabajo del PRIAR (Policía Rural e Islas).
Se destaca especialmente la labor de los peritos veterinarios y personal capacitado, fundamentales para identificar marcas, señales y maniobras fraudulentas.
Asimismo, los productores valoran el accionar del Comisario General Torres, jefe del PRIAR, por su contacto directo y permanente con el sector, incluyendo la creación de grupos de WhatsApp que permiten una comunicación ágil y respuestas rápidas ante situaciones sospechosas.
El caso Williams Brown: un expediente polémico
Dentro del contexto general, sobresale el caso del veterinario Williams Brown, actualmente bajo arresto domiciliario por una causa de abigeato. El expediente genera controversias, con cuestionamientos sobre la solidez de las pruebas y una presunta intervención directa del Fiscal Sotelo, lo que reavivó el debate sobre criterios judiciales, garantías procesales y posibles arbitrariedades.
Un delito que exige decisiones firmes
El abigeato en Corrientes ya no puede ser tratado como un delito menor. Su impacto económico, social y sanitario exige decisiones políticas claras, fiscales comprometidos y un sistema judicial que acompañe el esfuerzo de la policía rural y los productores.
Mientras no se logre una respuesta integral y coordinada, el robo de ganado seguirá avanzando sobre uno de los pilares históricos de la economía correntina.
