No hay plata para jubilados, sin embargo el Gobierno aumenta los salarios de sus ministros y secretarios
Tras dos años de congelamiento, el Poder Ejecutivo actualizó las escalas salariales de las autoridades superiores con subas de hasta el 85%. El Gobierno justifica la medida en la necesidad de retener cuadros técnicos frente a la competencia del sector privado, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y pérdida del poder adquisitivo en el resto de los sectores.
El Gobierno nacional dispuso, a través del Decreto 931/2025, una actualización en los haberes de ministros, secretarios y autoridades superiores del Poder Ejecutivo. La medida, que pone fin a un periodo de 24 meses sin modificaciones salariales para estos cargos, entró en vigencia el 1 de febrero y se liquida con los sueldos correspondientes al mes de enero.
La nueva escala salarial El incremento representa una suba acumulada que oscila entre el 62,4% y el 85,9%. Con este ajuste, el esquema de remuneraciones queda configurado de la siguiente manera:
- Ministros: El salario bruto, que se ubicaba en $3.584.006, pasará a una escala de entre $5.800.000 y $6.600.000. En términos netos (de bolsillo), percibirán aproximadamente entre $4,8 millones y $5,4 millones.
- Secretarios: Sus ingresos brutos pasan de $3.282.709 a un rango de entre $5.300.000 y $6.100.000, con netos estimados de hasta $5 millones.
Cabe destacar que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron expresamente excluidos de esta actualización. Sus salarios brutos permanecen congelados en $4.066.018 y $3.764.821 respectivamente, valores que se mantienen sin cambios desde diciembre de 2023.
Justificación oficial: "Fuga de cerebros" y meritocracia Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo argumentó que la falta de actualización venía provocando dificultades críticas para retener funcionarios en áreas sensibles. El caso más emblemático fue el del Indec, donde tras la salida de Marco Lavagna, su sucesor Pedro Lines mantenía un perfil de "búsqueda activa" en redes profesionales antes de asumir, evidenciando la brecha salarial respecto al sector privado.
Los fundamentos del decreto sostienen que el ordenamiento se apoya en el superávit fiscal alcanzado y que busca consolidar un sistema de empleo público basado en la meritocracia. Según el texto oficial, la medida no compromete la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El contraste socioeconómico La decisión no está exenta de polémica, ya que se produce en un escenario de profunda recesión y pérdida del poder adquisitivo de la población general. Mientras el Gabinete percibe esta recomposición, los jubilados y trabajadores estatales continúan con ingresos rezagados frente a la inflación y el impacto de los recientes aumentos en tarifas de gas, luz y transporte.
Este movimiento salarial genera un nuevo frente de debate político, al contrastar el discurso oficial de "no hay plata" y el recorte en obra pública y provincias, con la mejora sustancial en los ingresos de la primera línea de la administración nacional.
