Polémica judicial en Paso de los Libres por un desalojo con menores y denuncias contra un juez
Un conflicto sucesorio en Paso de los Libres escaló tras una orden de exclusión del hogar dictada por el juez Quevedo y ejecutada mediante un amplio operativo policial. La defensa, encabezada por Jorge Emilio Ledesma y Sabrina Carabajal, cuestionó la proporcionalidad del procedimiento y advirtió posibles irregularidades por la presencia de menores. El caso sigue en trámite y podría derivar en nuevos planteos judiciales.
Un conflicto familiar por una herencia derivó en un fuerte operativo policial y en una controversia judicial que genera repercusión en Paso de los Libres. La disputa incluye denuncias cruzadas por presunta violencia, una orden de exclusión del hogar y cuestionamientos al procedimiento de desalojo, en el que había menores de edad.
Según trascendió, el sector contrario denunció que una mujer —nieta de la propietaria del inmueble— habría ejercido presuntos hechos de violencia contra su abuela. En ese marco, el juez Quevedo dictó una orden de exclusión del hogar contra la mujer señalada.
Horas después, la medida fue ejecutada mediante un operativo policial que, de acuerdo con la versión de la defensa, incluyó un importante despliegue de efectivos. El abogado Jorge Emilio Ledesma calificó el procedimiento como “desproporcionado” y sostuvo que, además de la mujer denunciada, fueron desalojados su esposo y cuatro o cinco menores que se encontraban en la vivienda.
El letrado afirmó que durante la ejecución no intervino la asesora de menores, algo que —según su planteo— sería indispensable en un procedimiento donde hay niños involucrados. A su entender, esa omisión podría derivar en la nulidad de lo actuado.
En paralelo, Ledesma y la abogada Sabrina Carabajal denunciaron públicamente que una restricción incluida en la resolución judicial les habría impedido acercarse al lugar para asistir a su clienta. Según indicaron, la orden establecía que, de hacerlo, podrían incurrir en una infracción, lo que —afirman— vulnera el derecho a la defensa.
Desde la defensa sostienen que la medida fue adoptada sin una investigación suficiente y que podría implicar una afectación de garantías constitucionales básicas. Por ello, no descartan nuevas presentaciones judiciales y eventuales planteos de nulidad.
El caso continúa en trámite y suma repercusiones tanto en el ámbito judicial como en la comunidad local, donde se espera que en los próximos días haya nuevas definiciones sobre la legalidad del procedimiento y las denuncias formuladas por las partes.
