Fallo histórico en Corrientes: Condenan a un productor por la muerte de un niño intoxicado con agrotóxicos en Lavalle
En una resolución considerada histórica para la justicia argentina, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena a tres años de prisión contra el productor rural Ricardo Nicolás Prieto, responsable de la fumigación con agrotóxicos que provocó la muerte del pequeño Santiago Nicolás Arévalo, de apenas cuatro años.
El fallo ratifica la sentencia por homicidio culposo y lesiones graves, convirtiéndose en el primer antecedente judicial en el país donde se confirma una condena penal por una muerte vinculada directamente al uso de agrotóxicos.
El caso que conmovió a Corrientes
El trágico episodio ocurrió en marzo de 2011 en la localidad de Lavalle, cuando el niño Santiago jugaba cerca de su casa y pisó un charco contaminado con alfaendosulfán, un potente plaguicida organoclorado utilizado en una chacra lindera donde se realizaban fumigaciones en una plantación de tomates.
El contacto con la sustancia provocó en el pequeño una grave intoxicación que derivó en un edema agudo de pulmón. Tras varios días de agonía, Santiago falleció el 4 de abril de ese mismo año.
En el mismo hecho también resultó gravemente afectada una prima del niño, que sufrió serias lesiones producto de la exposición al químico.
Un precedente para todo el país
Luego de años de batalla judicial, el máximo tribunal correntino confirmó la condena contra el productor, marcando un precedente clave en materia de responsabilidad ambiental y sanitaria en Argentina.
Especialistas consideran que este fallo abre un camino judicial para futuros casos relacionados con fumigaciones y contaminación por agroquímicos, en un debate que lleva años enfrentando a productores, vecinos rurales y organizaciones ambientales.
El mensaje detrás del fallo
La decisión del tribunal deja un mensaje contundente: el uso irresponsable de agroquímicos puede tener consecuencias penales cuando pone en riesgo la vida humana.
El caso de Santiago Arévalo, ocurrido hace más de una década, vuelve a instalar una discusión que atraviesa al campo argentino: los límites del uso de agrotóxicos y la protección de las poblaciones rurales.
